El Gobierno ha avanzado algunas de las medidas que aprobará el Ejecutivo para reducir el efecto que está teniendo en la factura eléctrica la subida de los precios en el mercado mayorista. Entre estas acciones está la prohibición de la comercialización de la electricidad entre consumidores domésticos, lo que se conoce como “puerta fría”, una modalidad de contratación que ha recibido infinidad de quejas ante organizaciones de consumidores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Además, se obligará a las comercializadoras de referencia (EDP, Endesa, Iberdrola, Naturgy y Viesgo) a ofrecer a los clientes simulaciones sobre lo que se podrían ahorrar pasando a tarifas de discriminación horaria.
El objetivo del Ministerio es regular el acceso por parte de las comercializadoras de referencia a información sobre datos de consumo y de potencia máxima para optimizar las ofertas y para que los consumidores puedan aplicar medidas de eficiencia y ahorro. De esta forma los usuarios sujetos a la tarifa PVPC, podrán conocer bien sus curvas y los picos de consumo, así como las diferentes posibilidades de contrato y cuánto ahorrarían con el cambio a tarifas con discriminación horaria. En España existen 11 millones con tarifa PVPC de los 26,2 millones de clientes eléctricos que conforman su totalidad.
Otra de las medidas que introducirá el real decreto es la flexibilización de la potencia contratada, modificando los escalones con los que actualmente los consumidores domésticos tienen que contratarla.