Tal y como se esperaba, el pasado viernes se desvelaron las medidas de acción urgente del Gobierno, en relación con diferentes puntos energéticos. El texto legal fija como prioridad del Ejecutivo la lucha contra la pobreza energética, que afecta a unos 4,6 millones de personas. En primer lugar, el actual bono social eléctrico amplía su cobertura. Desde ahora se prohíbe el corte de suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años. Esta medida se hace extensiva también a los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior, o en situación de dependencia en Grado II y III.
Así mismo, con el objetivo de que más familias monoparentales puedan acogerse al bono social, se determinan criterios de renta específicos para estos colectivos. El umbral de renta máximo para que una familia monoparental pueda acceder al bono social se incrementará en 0,5 veces el IPREM respecto al de las familias biparentales. También endurece las medidas sancionadoras a las empresas comercializadoras, que gestionan y financian el bono social, pudiendo ser sancionadas con multas de hasta 60 millones de euros.
La norma también prorroga el plazo para renovar el bono social eléctrico a aquellos consumidores que estuvieran acogidos al bono social antiguo, cuyo plazo de renovación acababa el próximo 8 de octubre. El nuevo plazo es el 31 de diciembre.
Para ampliar la protección de los beneficiarios del bono social eléctrico, el Ejecutivo ha creado un bono social término (BST) para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a sus gastos de calefacción, agua caliente o cocina este invierno, con independencia del combustible que utilicen. Todo consumidor que cumpla las condiciones para acceder al bono social eléctrico y haya presentado su solicitud antes de la citada fecha percibirá también el bono de calefacción.
Los límites de consumo de energía con derecho a descuento se amplían un 15% para compensar los incrementos de precios. Asimismo, el cómputo de consumo anual con derecho a descuento que se liquidaba cada mes, se flexibiliza. También se flexibiliza la actividad de recarga de vehículos eléctricos, eliminado la figura del gestor de carga.
Finalmente, el Gobierno ha decidido derogar el llamado «Impuesto al sol», que limitaba y desincentivaba el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y del autoconsumo eléctrico en España.
