El Ministerio de Industria destinará 76 millones de euros para abaratar el recibo de la luz de la gran industria electrointensiva, lo que supone en la práctica casi duplicar el dinero destinado a mantener la competitividad de estas empresas, que han visto como sus ingresos por las subastas de interrumpibilidad se han reducido desde los casi 500 millones a 100 millones de euros en los últimos años.
El Ejecutivo ha puesto sobre la mesa el borrador del Real decreto de Estatuto para los consumidores electrointensivos, que supone la adopción de medidas para estas 253 empresas identificadas por Red Eléctrica y un importante paso adelante para contentar a Alcoa. Sin embargo, no lo ha conseguido. La multinacional, que ya anunció el cierre en Coruña y Avilés, ha amenazado ahora -tras conocer el borrador- con cerrar última planta en España: la de San Ciprián (Lugo).
Según figura en el Estatuto, las empresas que logren acreditarse como grandes consumidores podrán acceder a la exención de los pagos por capacidad en diferentes niveles. Para los 123 consumidores (28.447 GWh de demanda) que cuenten con la condición de interrumpibles dejarán de tener que hacer frente a los mismos, lo que supone una rebaja de 1 euro/ MWh. Esta medida supondrá 28,7 millones de euros en términos anuales.
Asimismo, el mecanismo permitirá una reducción del 70% para los restantes 130 consumidores (13.670 GWh de demanda), lo que supone una rebaja de 0,9 euros/ MWh y yun coste de 12,2 millones de euros anuales. Es decir, esta medida supondrá 41 millones de euros y se aplicará todo el año. No obstante, para este ejercicio la cantidad será menor ya que dependerá de la fecha de entrada en vigor de la norma y se espera que no afecte al equilibrio financiero de las cuentas del sector eléctrico.
Otra de las medidas que se incluye en el Estatuto es la compensación de costes indirectos por las emisiones de gases de efecto invernadero que supone del orden de 6 millones, así como nuevos coeficientes de pérdidas estándar de energía imputables que resulten del estudio que en seis meses realice el operador del sistema eléctrico.
El Estatuto incluye también el fomento de la contratación bilateral a largo plazo, en especial con generadores renovables no incluidos en el régimen retributivo específico. Se supone que el 80% de estos consumidores firmarían contratos a 10 años, lo que supondría garantizar precio para un total de 17.310 GWh, es decir, casi el 50% de los 43.276 GWh que consumen. La exención del pago del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad a los consumidores que sean proveedores efectivos de este servicio.
La norma propuesta por Industria también supone obligaciones para los consumidores electrointensivos que deberán: disponer de un sistema de Gestión de la Energía (auditado y certificado según la norma UNE-ISO 50.001) en el plazo de dos años desde la entrada en vigor del Real Decreto.
Implantar las medidas de mejora de eficiencia energética derivadas de la auditoría energética, económicamente viables, al menos cada cuatro años.
Mantener la actividad productiva durante un periodo de al menos tres años, a partir de la fecha de concesión de los mecanismos de ayuda, salvo determinadas situaciones de crisis empresarial.
Acreditar, en el plazo de un año, la contratación de, al menos, un 10% de su consumo anual de electricidad mediante instrumentos a plazo, con una duración mínima de tres años.
El impacto de esta medida sobre el equilibrio del sistema eléctrico deberá analizarse bajo el nuevo escenario de ingresos y costes que resulte, entre otros factores, de la revisión de los parámetros retributivos de actividades reguladas para el periodo regulatorio 2020-2025 y de las metodologías y valores de peajes y cargos que se fijen por la CNMC y el Gobierno, respectivamente, a partir del 1 de enero de 2020.
La Secretaría de Estado de Energía y la Secretaría General de Industria y Pyme firmarán un convenio para la transferencia presupuestaria de 70 millones de euros disponibles en el presupuesto de Transición Ecológica, completando un presupuesto total de 76 millones para la convocatoria de estas ayudas en 2019. No se descarta que se pueda ampliar este presupuesto si lo permiten las disponibilidades presupuestarias.
El impacto económico de esta medida supone 23 millones de euros al año que estos consumidores dejarán de pagar en el mercado, lo que representa una reducción en el precio de su energía de 0,81 euros/MWh.
El resto de consumidores verán incrementada esta cantidad en su precio de la energía. Pasarán de pagar 0,81 euros/MWh a incrementar este pago en 0,10 euros/MWh en el mercado por este servicio.
Las asociaciones sectoriales, por el momento, prefieren guardar silencio, hasta haber podido analizar en profundidad el texto presentado por el Gobierno.
La tramitación, con carácter de urgencia, requiere todavía la valoración tanto de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia como del Consejo de Estado, antes de su aprobación en el Consejo de Ministros, con lo que se irá previsiblemente al último que se celebre en esta legislatura.
Fuente: eleconomista.es
