La ya conocida como Reforma Ribera, con el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, en el que se dan las medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, va a complicar el desarrollo de los proyectos renovables a los nuevos proyectos que inicien los pequeños y medianos productores.
Si nos fijamos en su Disposición adicional tercera, donde se recogen las medidas destinadas a asegurar la finalización de los proyectos de producción con derecho de acceso a la red, se puede analizar la subida de los avales que los desarrolladores tendrán que abonar para iniciar los proyectos: a partir de ahora, la instalación de renovables se tendrá que avalar con 40 €/kW de potencia instalada. Teniendo en cuenta que hasta ahora ese aval era de 10 €/kW, los pequeños y medianos productores se verán claramente perjudicados. Por lo general estos usuarios no tienen tantos activos para obtener avales de tal cuantía. Además, los desarrolladores de las renovables tendrán que abonar un 10% del valor de la inversión de las actuaciones en red en los puntos de conexión de tensión superior a 36 kV.
Según José María González Moya, director general de APPA, la patronal de las renovables en España el objetivo del Gobierno es acorralar y acabar con la especulación en este sector energético.
