Tras pedir al Gobierno que devuelva las competencias en la fijación de precios de peaje a la CNMC y que se corrija el nivel de potencia de conexión en el cambio de tarifa hacia la 6.2, la industria electrointensiva catalana ha pedido votar en contra del Real Decreto Ley (RDL 15/2018) de Transición Energética. Diferentes agrupaciones como Cecot, la Federación Empresarial del Metal y la Unión Empresarial Metalúrgica consideran que se deben corregir aspectos como “el agravio comparativo originado por el anterior Gobierno a las industrias catalanas de alta tensión”. De esta forma muestran su rechazo a la “Reforma Ribera” si no se cambian las tarifas de alta tensión.
Según denuncian estas organizaciones empresariales, el texto “propone un cambio de tarifas de alta tensión que, sin ningún criterio técnico, dejan en desventaja competitiva a 4.450 empresas en España, 3.277 de ellas ubicadas en Cataluña y el resto, principalmente en Aragón y Extremadura”. Además, apuntan que el cambio de las tarifas de alta tensión que convierte la tarifa 6.1b (consumidores conectados entre 30 y 36 kV) en 6.2 supone un sobre coste de 300 millones de euros anuales a 3.277 empresas catalanas que están conectadas a 25kv.
Estas asociaciones de empresas catalanas subrayan que “cambiar a la tarifa más reducida 6.2 beneficiará tan sólo a unas 1.200 empresas que obtienen una ventaja económica consistente en la reducción del coste del suministro eléctrico” y por ello han pedido a los diputados catalanes del Congreso de los Diputados votar en contra del citado RDL 15/2018.
