Alcoa recibió cerca 1.000 millones de euros con el objetivo de rebajar los costes de su factura eléctrica a través de las subastas de interrumpibilidad. Ahora, tras el anuncio de Alcoa de cerrar sus factorías de Avilés y A Coruña, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, propone “repensar” este sistema.
Según Ribera, “ellos lo sabían y estaba diseñada para favorecer en primera instancia a las empresas más grandes. Evidentemente, con este anuncio, sabiendo que representan el 30% de ese beneficio, pues a lo mejor tenemos que repensar esas convocatorias, de manera que evitemos distorsiones y que puedan favorecer al resto de la industria”.
La ministra ha destacado que “lo más llamativo ha sido lo inmediato del anuncio” pues “nadie lo sabía hasta el día anterior”. Al conocerlo, Ribera ha asegurado que tanto la titular de Industria, Reyes Maroto, como la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, trataron de contactar con los responsables de la empresa, pero no tuvieron respuesta. Por ello, la ministra para la Transición Ecológica ha instado a esperar a “entender mejor qué es lo que supone y hasta qué punto de verdad quieren salir” y que, si es así, el Gobierno pueda “encontrar otro industrial que tenga interés en producir aluminio en esas plantas”.
Fuentes del Gobierno español mantienen desde hace tiempo conversaciones con las autoridades europeas en torno a la adecuación de los mecanismos de capacidad que se utilizan en España para garantizar el suministro de energía. La Comisión Europea ha iniciado una investigación para clarificar si el actual sistema de subastas es compatible con la legislación sobre ayudas de Estado.
