En 2015 un ayuntamiento llevó a cabo una consulta a la Dirección General de Tributos para conocer de qué manera debían tributar las pequeñas comercializadoras de electricidad en su localidad. El resultado de esta consulta no pudo ser más desesperanzador para este tipo de compañías que, ahora, están asfixiadas por el pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
Cristina Ucelay, abogada de Escandinava de Electricidad, nos explica que “el problema es que los ayuntamientos pueden cobrar el mismo impuesto a la comercializadora que tiene un cliente en ese municipio, que la que tiene millones, lo que favorece a las grandes eléctricas y hunde a las pequeñas”. Si todos los ayuntamientos empiezan a reclamar el pago de ese impuesto significa que “si la cuota de IAE a nivel municipal es de unos 800€, resulta que, por operar en todo el territorio, independientemente del número de clientes, una pequeña comercializadora ha de desembolsar casi 6.500.000€ solo en este tributo, sin tener en cuenta lo que facture en cada municipio y completamente desligado del beneficio que obtenga en el mismo”.
Por su parte, Andrés Olave, director general de la misma comercializadora, añade que “si se multiplica el pago de ese impuesto por los 8.124 ayuntamientos que existen en España, el coste supera con creces lo que una pequeña comercializadora puede soportar, y más aún cuando los ayuntamientos están pidiendo ese tributo con retroactividad a cuatro años, que es lo que permite la ley”. Prácticamente, casi todas las comercializadoras pueden superar el millón de euros de ingresos anuales, por lo que se ven obligadas a pagar el mismo impuesto multiplicado tantas veces como tengan al menos un cliente en un municipio.
Esta problemática, que se lleva denunciando desde hace dos años, está ahora en el Congreso de los Diputados y el Gobierno ha asegurado que modificará este epígrafe incluyéndolo en el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019. Sin embargo, las comercializadoras creen que no es necesario ya que se podría modificar vía Real Decreto. Mientras llega esa modificación por parte del Gobierno, Según Cristina Ucelay, “si se continúa con esta situación, terminará repercutiendo en la factura del cliente final”.
