El Parlamento Europeo ha aprobado los objetivos de energías renovables y de eficiencia energética, del 32% y del 32,5% para 2.030 respectivamente, y ha respaldado la nueva normativa sobre gobernanza energética que obliga a los países a elaborar planes nacionales cada 10 años. Los eurodiputados confirmaron así el acuerdo alcanzado con los Estados miembros sobre estas 3 nuevas normativas europeas, que forman parte del paquete denominado Energía Limpia para todos los europeos, propuesto por la Comisión Europea en noviembre de 2016.
Todas deben ser ahora aprobadas por los Estados miembros del Consejo de la Unión Europea Según los nuevos objetivos, la eficiencia energética del conjunto del bloque comunitario tendrá que haber mejorado un 32,5% en 2.030, mientras que la energía procedente de fuentes renovables tendrá que representar el 32% del consumo bruto total. Ambas metas serán revisadas en 2.023, pero sólo podrán actualizarse para elevar el objetivo y no para reducirlo. El eurodiputado del PSOE, José Blanco, responsable del informe del Parlamento Europeo sobre renovables, ha destacado que la directiva “pone a Europa en la senda del cumplimiento del Acuerdo de París”. “Podemos afirmar que Europa está dando respuestas a la altura del desafío del cambio climático”, subrayó el socialista.
Esta directiva sobre renovables reconoce el derecho al autoconsumo y derechos como generar, almacenar y vender el exceso de energía eléctrica, instalar y operar sistemas de almacenaje y recibir remuneraciones por el excedente vertido a la red. El texto pactado también impide aplicar cargos al autoconsumo, como el polémico impuesto al sol en España, aunque esta prohibición sólo se extenderá hasta diciembre de 2.026. A partir de entonces, los Estados miembros podrán recurrir a una de las tres alternativas que la directiva contempla para justificar la imposición de estas tasas.
Al menos el 14% del combustible usado para el transporte tendrá que proceder de fuentes renovables en 2.030. Las futuras normas sobre gobernanza, por su parte, obligarán a los Estados miembros a diseñar una estrategia energética y climática con objetivos nacionales, contribuciones, políticas y medidas para diciembre de 2.019 y cada 10 años desde entonces.
