Izquierda Unida ha reclamado al Gobierno central que inicie una investigación para comprobar si es “una práctica sistemática” que las comercializadoras eléctricas cambien de contrato a sus clientes sin contar con su consentimiento.
Así lo plantea su portavoz energética parlamentaria, Eva García Sempere, que pide conocer si el Ejecutivo tiene constancia de traspasos de contratos del mercado regulado libre “de forma fraudulenta” por parte de estas compañías y “si existe alguna investigación en curso“.
García Sempere señala que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de sancionar a Endesa Energía, comercializadora de Endesa en el mercado libre, por dar de alta sin consentimiento a un particular que denunció este hecho ya que perdió su bono social, únicamente disponible en el mercado regulado donde tenía contratado su suministro.
Por el contrario, la instrucción de este caso calificó como leve este hecho que la CNMC consideró probado, todo ello pese a haber identificado previamente los mismos hechos como constitutivos de infracción grave. Finalmente, Endesa recibió una multa de 30.000 euros.
La reiteración de estos casos según García Sempere “refuerza la idea de que las sanciones que se imponen a las eléctricas son meramente cosméticas”, Pide medidas para “garantizar que quien ponga en riesgo las protecciones a consumidores vulnerables reciba sanciones disuasorias” y que, en caso de ser recurrentes, “conlleven la extinción de la licencia de comercialización”.
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