La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció ayer la suspensión del Impuesto a la Generación, que grava, desde 2012, en un 7% la actividad de las compañías productoras para contener el déficit de tarifa, y que quedará relegado a un tipo “prácticamente del 0%”. Aunque no ha concretado fecha, la ministra ha dicho que la medida se aprobará, de forma inminente, en uno de los próximos Consejos de Ministros. Sobre los otros impuestos que soporta la luz la ministra ha dicho que es “más complicado” actuar: cualquier cambio en el 21% de IVA que se aplica a la luz depende de las directrices europeas.
El Impuesto a la Generación lo abonan las compañías por sus centrales, por lo tanto, el bolsillo del consumidor notará la medida cuando las eléctricas lo repercutan en los precios diarios del mercado. No obstante, el coste final para el usuario va a seguir dependiendo de otras circunstancias: los precios de las materias primas, el coste de emitir dióxido de carbono y la producción de renovables.
Según los cálculos del sector. Esta medida podría permitir un ahorro medio de un 3% para los clientes acogidos a la tarifa regulada (PVPC), un 42% del total. El resto, un 58%, dependerá de las condiciones de su contrato.
Además de la suspensión de este impuesto, se han tomado otras medidas como:
Se mantendrá el bono social eléctrico, mejorando sus condiciones: aumenta la cobertura de los ancianos, de las familias “monomarentales”. Por tanto, se incrementan los límites de renta para quienes se benefician de esta rebaja (el 25% para hogares vulnerables y 40% para los muy vulnerables). Ribera también anunció una moratoria para los usuarios del antiguo bono social cuyo plazo de solicitud terminaba el 8 de octubre. El Ejecutivo también creará un bono social del gas para los mismos colectivos que el de la luz. Además, el Gobierno quiere que los clientes de luz tengan más información sobre la potencia contratada, para que se ajuste a sus necesidades reales.
El Ejecutivo elaborará una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética en los próximos seis meses para disponer de un marco de actuación en este ámbito para los próximos años.
Se solventarán las barreras existentes al despliegue de renovables y se facilitarán los contratos bilaterales, conocidos como #PPA, para desplazar parte de la electricidad contratada en el mercado mayorista a la contratación bilateral a largo plazo de energía de fuentes renovables.
El ejecutivo trabajará para hacer realidad al autoconsumo, y en especial el autoconsumo compartido, con el objetivo de reducir la factura eléctrica. Aquí podremos ver medidas como el incremento del peso de la parte variable del recibo eléctrico en detrimento de la parte fija para que la autogeneración sea más rentable, la modificación del “impuesto al sol” y la eliminación de trabas administrativas y costes añadidos para las instalaciones de pequeño tamaño.
Para Facua, la medida del Gobierno es «una tomadura de pelo», ya que la subida del precio del kilovatio por hora en septiembre superará por si sola esta rebaja y no representará una bajada considerable en el recibo eléctrico que pagan los consumidores españoles. La factura del usuario medio ha aumentado un 3,4 % en la primera quincena de septiembre.
