El Congreso de los Diputados ha aprobado la convalidación del real decreto ley que el Gobierno aprobó en enero para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la normativa europea, que establece que los reguladores de los mercados interiores de gas natural y electricidad sean totalmente independientes.
La Cámara Baja ha convalidado así el decreto ley de medidas urgentes para adecuar las competencias de la CNMC a las exigencias de derecho comunitario sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. La ministra para la Transición Ecológica.
La Comisión Europea llevaba desde el año 2016 amenazando con interponer una sanción a España por no trasponer correctamente las directivas europeas en el ámbito de la regulación energética.
Esta convalidación confirma las funciones que, con arreglo al derecho comunitario, corresponden al regulador, como la aprobación de la estructura, metodología y valores concretos de los peajes de acceso de gas natural, electricidad y GNL, la retribución del operador, las reglas de funcionamiento en mercados regulados o el control de los planes de inversión, pudiendo Competencia hacer recomendaciones. En ese sentido, Ribera ha destacado que esta nueva norma “facilita la estabilidad y la confianza de los inversores y los consumidores”.
Por el contrario, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, ha manifestado que esta medida “reduce la competencia y por tanto la competitividad de la economía española y perjudica gravemente al crecimiento industrial“. Mariscal ha atribuido los recientes anuncios de cierre en España por parte de varias multinacionales de la Industria, como los de Alcoa, Vestas o Cemex, a la “incertidumbre continua” que el Gobierno estaría ejerciendo sobre los precios de la energía en el país.
Ha aludido al recorte del 78% de las ayudas a la industria electrointensiva incluido en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estados (PGE), que finalmente fue tumbado por la mayoría del Congreso. Además también ha arremetido contra el Ejecutivo de Sánchez por haber mantenido “reuniones secretas” con las compañías eléctricas con el fin de alargar la vida de las centrales nucleares hasta los 44 o 48 años, desde los 40 años que defendía el PSOE con anterioridad. “Se dieron cuenta que era imposible cumplir con los objetivos si eso ocurría”, ha afirmado Mariscal.
